Articulo donde se muestra en una grafica la forma y las fechas en que se produjeron las exhumaciones ilegales de restos de detenidos desaparecidos. En segunda hoja se indica la intención de la Partido Unión Demócrata Independiente de incorporar en su propuesta de derechos humanos el tema de las remociones ilegales. Se destaca que este tema fue puesto en la opinión pública por el abogado Jorge Zalaquett al pedir un reconocimiento de esta practica a las Fuerzas Armadas.
Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.
Nota de opinión de Genaro Arriagada quien plantea y analiza las responsabilidades que tuvieron los civiles, en particular el mundo político de la época, de que ocurriera el Golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973. Además, hace una diferencia de lo que ocurrió posteriormente al Golpe, los crímenes, las torturas y las violaciones a los derechos humanos en general, que son responsabilidad de las Fuerzas Armadas, por lo que estas deben reconocerlo, en conjunto también a los civiles, que conociendo los hechos, optaron por un silencio cómplice y aceptaron la violencia que existía en ese momento.
