Noticia donde se mencionan los plazos para la entrega de información referente a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la posible prórroga de seis meses más para esta tarea. Se informa sobre los datos recopilados por la masonería y las iglesias católica, metodista, judía y evangélica en materia de Derechos Humanos, los cuales fueron entregados al presidente Lagos. Por otro lado, se notifica la baja expectativa del resultado de la recopilación documental. En una nota al pie de la página, se muestra una breve entrevista realizada a la psicóloga y miembro de la Mesa de Diálogo, Elizabeth Lira. Ella habla acerca de los resultados que podrían obtenerse con la entrega de los documentos recopilatorios en materia de Derechos Humanos, además de señalar la carencia de datos sobre los crímenes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Asimismo, la psicóloga menciona que la información aportada podría ser escasa, y que los resultados deberán ser analizados conjuntamente con un juez para dictaminar las sentencias correspondientes.
Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.
