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Nota de prensa referente a la preocupación de las Fuerzas Armadas por los procesamientos que se están realizando por causa de las remociones ilegales ya que podrían alargar las investigaciones. En cuadro aparte se muestran casos en que se indagan las remociones.

Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.

Noticia referente a la Mesa de Dialogo que funcionó entre los años 1999 y 2000 y donde fue abordado el tema de las exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos. El representante del Ejercito señalo lo difícil que era tener información al respecto ya que no había nada oficial, ni documentos, ni listados. De lo que si existía información era el destino final de los cuerpos. En cuadro aparte se habla de la utilidad de la propuesta del historiador Gonzalo Vial para que no se les acuse de delitos a quienes entreguen información. Además, Nelson Caucoto habla de que hay evidencia de un mandato institucional en la practica de las remociones de restos.