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Noticia sobre la orden emitida por el ministro Víctor Montiglio de nombrar especialistas del Servicio Médico Legal (SML) para realizar los exámenes médicos de Augusto Pinochet, con el fin de evitar las dilaciones provocadas por la intervención de equipos externos al Estado en el marco de su procesamiento por el el caso Operación Colombo. Entre los especialistas involucrados se encuentran Inge Onetto y Hugo Aguirre, quienes habían participado previamente en evaluaciones médicas de Pinochet concluido que padecía una demencia leve. La noticia señala que, además, el juez Juan Guzmán Tapia había roto relaciones con el SML tras denunciar que este organismo estaba siendo influenciado para favorecer una eventual exculpación de Pinochet. Finalmente, informa que el abogado querellante Boris Paredes solicitará la exclusión de los neurólogos del peritaje, proponiendo que este fuera realizado exclusivamente por psiquiatras.

Noticia que señala que el médico de Augusto Pinochet, Selaive Reyes, impidió que se procediera a su filiación por razones de salud. Asimismo, se indica que la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Teresa Muñoz, dio por concluida la sesión de alegatos en torno al sobreseimiento de Pinochet.

Nota de prensa que habla sobre los tres peritos que se excusaron de participar en la evaluación del estado mental de Augusto Pinochet.

Nota de prensa que se refiere a la negativa por parte de tres peritos médicos de participar en los exámenes médicos a realizar a Augusto Pinochet, con el objetivo de determinar si se encuentra o no en condiciones de enfrentar un proceso judical.

En el documento se expone un interrogatorio realizado a Augusto Pinochet donde se refiere a las actividades y violaciones a los Derechos Humanos llevadas a cabo por el General Sergio Arellano Stark. El juez Juan Guzmán, quien llevó a cabo el interrogatorio, menciona que a pesar de la dificultad para caminar del ex general, lo vio con todas sus facultades mentales en buen estado. Además, se expone la querella número 211 contra el ex dictador, donde se le acusa de asociación ilícita y tortura contra el estudiante Gregorio Mimiza. En otro recuadro, se informa que los abogados querellantes del caso "Caravana de la Muerte" entregaron un escrito donde solicitaron el procesamiento de Augusto Pinochet como autor de secuestro, homicidios, asociación ilícita, información ilegal y tortura. Finalmente, expertos que realizaron exámenes a Pinochet descartan dudas sobre la condición de su salud, cambiando su diagnóstico de demencia leve a demencia moderada.

La noticia contiene una breve entrevista al fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raúl Rocha, quien declara que aún no tiene en su poder el expediente de la Caravana de la Muerte, más específicamente la información sobre el estado de salud de Augusto Pinochet, y así ver si corresponde o no sobreseer al ex dictador. En un cuadro al margen izquierdo, se habla sobre cómo los abogados Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra y Boris Paredes presentan una querella contra Augusto Pinochet y otros oficiales por el secuestro y desaparición de diferentes personas de la quinta región.

La noticia expone cómo la Corte Suprema adopto la resolución de las comisiones de servicio de unos 20 jueces del crimen, quienes intentaría acelerar 170 procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. Como cuadro aparte, se observa otra nota en la parte inferior del documento que habla sobre el fin de los alegatos por sobreseimiento de Pinochet. Estos pretenden determinar si se acoge o no la apelación de defensa del dictador debido a su estado de salud mental.

Noticia referente a la querella presentada por los diputados Hugo Gutiérrez y Tucapel Jiménez contra Iván Andrusco general en retiro de Carabineros, actualmente director nacional de Gendarmería, obligado a renunciar por estar involucrado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en particular en las tortura de Elsa Esquivel y su hijo.

Nota de prensa donde se habla de los desentierros ilegales de cuerpos de detenidos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos indica que esta practica llevada a cabo durante la dictadura siguió realizándose durante el gobierno de Patricio Aylwin. Por lo tanto, altos cargos de las actuales FF.AA tienen que tener información al respecto. En hoja aparte se refieren al rechazo de la propuesta en materia de DD.HH de la UDI.