Nota de prensa donde se habla de los desentierros ilegales de cuerpos de detenidos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos indica que esta practica llevada a cabo durante la dictadura siguió realizándose durante el gobierno de Patricio Aylwin. Por lo tanto, altos cargos de las actuales FF.AA tienen que tener información al respecto. En hoja aparte se refieren al rechazo de la propuesta en materia de DD.HH de la UDI.
Nota donde se hace referencia a lo que el Ejército espera en materia de derechos humanos y justicia, que se aplique la Ley de Amnistía para terminar con rapidez la ida a tribunales de los militares involucrados. A diferencia de esto el presidente Ricardo Lagos desea incluir el tema de las exhumaciones ilegales y las denuncias de torturas y apremios ilegítimos lo que extendería las causas judiciales.
Noticia referente a la opinión del senador José Antonio Viera- Gallo acerca de la declaración de los ocho ex generales en retiro del Ejército quienes asumieron su responsabilidad acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Él opina que después de esta declaración se deberían entregar más dato para conocer la verdad de los detenido/as desaparecido/as y hacer justicia. Da además una opinión referente a las tres tesis que posiblemente ocupará el poder judicial en casos de crímenes de derechos humanos.
Noticia que reflexiona como se ha llevado a cabo la Mesa de Diálogo y como se ha intentado a través de diversas instancias unir a la sociedad chilena después de la fractura que significó la dictadura. El principal problema es que en ninguna de estas instancias y comisiones de verdad se ha dado alguna información de donde podrían estar los detenidos desaparecidos que es la mayor preocupación de sus familiares. Se explica la forma en que ha trabajado la Mesa de Dialogo constituida en dos comisiones. Se destaca la imposibilidad de dialogar con las Fuerzas Armadas para que entreguen información que es la mayor dificultad de esta instancia. En cuadro aparte se muestran los dos intentos de reconciliación nacional que se han desarrollado en el mundo, una es la sudafricana y la otra es la irlandesa.
Noticia acerca de la solicitud presidencial de designar jueces especiales en los casos recopilados por el gobierno acerca de las violaciones a los Derechos Humanos y la búsqueda de detenidos desaparecidos, la cual fue formalizada a través de un oficio al presidente de la Corte Suprema. Esta información fue recopilada y entregada por las Fuerzas Armadas, iglesias y entidades morales del país, las cuales fueron entregadas por el presidente Lagos a la Corte Suprema con el fin de ser analizadas para, finalmente, ordenar y proyectar el trabajo judicial en los casos de desaparición y muerte. El presidente Lagos instruyó a un equipo formado por ex miembros de la Vicaría de la Solidaridad y de la Corporación Nacional de Reparación para que trabajen en el análisis de la información entregada.
Columna de opinión que reflexiona sobre el cambio que ha sufrido el país desde la entrega del Informe Rettig hasta la entrega actual de información que confirma las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura, en el contexto de la Mesa de Diálogo. Este cambio, según el autor de la columna, se produjo por la detención de Pinochet en Londres y el compromiso de diversas instituciones para dialogar y buscar información. Particularmente, destaca la participación del Ejército en el reconocimiento de su responsabilidad histórica. La columna también muestra el cambio en el ambiente social ante estos eventos de búsqueda de la verdad. Antes, existía un ánimo de violencia y división que dificultaban el trabajo de búsqueda de verdad; en cambio hoy, gracias a la Mesa de Diálogo, se ha podido conversar y discutir la necesidad de verdad y reconciliación.
Nota de prensa donde se da cuenta de que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos indica que la remoción de cuerpos ocurrieron no solo durante la época de la dictadura sino que continuo después de recuperada la democracia. Estas palabras fueron avaladas por un grupo de abogados de DD.HH encabezados por Hugo Gutiérrez y Juan Bustos.
