Reportaje donde se muestra cómo se realizaron informes acerca de la vida privada y profesional de los integrantes del Poder Judicial por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Este espionaje fue ordenado por el dictador Augusto Pinochet y por Manuel Contreras para conocer la vida de más de cien funcionarios judiciales de todo el país. De estos los que eran considerados como "enemigos del régimen" fueron removidos como funcionarios de la justicia. Se dan ejemplos de cómo era la forma de referirse a los jueces en estos informes, en donde primaban los comentarios ideologizados y peyorativos para referirse a los funcionarios. A continuación sigue un artículo referente a lo que algunos de los jueces presenciaron en los campos de prisioneros, como Tres y Cuatro Álamos, y que nunca informaron convirtiéndose en cómplices de estos actos. El artículo se refiere a lo que realizó José María Eyzaguirre presidente de la Corte Suprema hasta 1978 quien visitó distintos campos de detención y se entrevistó con diversos prisioneros sin llevar a cabo ninguna diligencia para evitar estos actos represivos. También se hace referencia al ministro de justicia de Pinochet, Miguel Schweitzer Speisky quien también estaba al tanto de estas prácticas. Se muestran declaraciones de detenidos acerca del funcionamiento de Villa Grimaldi.
Noticia que informa que la Corte de Apelaciones de Santiago nombró como ministro en visita para que investigue veinte causas de violaciones a los derechos humanos, incluidas exhumaciones ilegales, al juez Sergio Muñoz. Esto con la finalidad de acelerar los procesos manteniendo, además, a los jueces exclusivos en sus respectivas investigaciones.
Nota de prensa acerca de la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de realizar la reconstitución de escena del crimen del conscripto Pedro Soto Tapia.
Reportaje acerca del poder judicial chileno, en este se describe como se dividen los integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. En estas instancias existen jueces que pertenecen a la que se podrá considera como un "ala progresista" de la justicia chilena, son quienes han buscado justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar chilena. Se destaca entre ellos al juez Carlos Cerda quien es parte del grupo de los que consideran el desaparecimiento de personas como un crimen contra la humanidad basándose en tratados internacionales. Se destaca en el reportaje la condena por secuestro permanente que llevó a cabo el ministro Alejandro Solís ya que con esta es posible conocer si los ex jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) serán condenados por este crimen o serán amnistiados. Se hace un análisis de la globalización judicial.
Nota de opinión de la abogada Pamela Pereira quien se refiere al juez Carlos Cerda y a su forma de interpretar y aplicar la justicia. Según la abogada, hay tres verdades que el juez indica, una de estas es reconocer la supremacía de la Constitución al momento de interpretar la norma jurídica al caso concreto. Es fundamental, según la abogada, que la interpretación de las leyes se haga respetando los derechos de las personas garantizados por la Constitución y también por los tratados internacionales ratificados por Chile.
Nota de prensa donde se informa que la Cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó la reconstitución de los hechos que rodearon el crimen del conscripto Pedro Soto Tapia.
