En la noticia principal se habla sobre la decisión de Pinochet, recomendada por su abogado, de no presentarse a los tribunales ni a los exámenes médicos aludiendo a que las medidas dictadas por el juez son arbitrarias y de agravio para el acusado, además, se presentará por parte de la defensa del dictador una queja disciplinaria contra el Juez Juan Guzmán. En cuadro aparte se menciona la citación a declarar para los abogados Pablo Rodríguez y Miguel Alex Schweitzer para saber si tienen información sobre casos de detenidos desaparecidos en Villa Grimaldi y la Operación Colombo. Además se cita al presbítero Hasbún para declarar. En la noticia de pie de página se presenta el informe de Mónica Madariaga, creadora de la Ley de Amnistía, quien indica que el espíritu original de dicha ley siempre fue investigar los casos hasta haber agotado todos los recursos y las líneas investigativas. Se hace mención acerca de la figura del secuestro permanente que no podría ser amnistiado por que el delito de desaparecer personas permanece hasta la actualidad.
Noticia que trata sobre la entrega que realizó el Presidente Ricardo Lagos, referente a los documentos sobre detenidos desaparecidos recopilados por el Ejército y las iglesias, a los jueces de la Corte Suprema. Ante esta entrega, los jueces señalaron que evaluarán los casos que requieran un proceso penal, en el cual se activarán todos los mecanismos judiciales necesarios. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas ante estos informes, dado que esperan un comunicado oficial de la Presidencia. En noticia al pie de página, se cuestiona si la entrega de información es realmente el máximo esfuerzo de la jerarquía militar, lo cual es criticado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esta crítica surge porque el Ejército no entregará información de casos atribuidos a la DINA. En cambio, el gobierno indicó que "Chile tiene más verdad de la que tenía ayer" debido a la entrega de los informes, y al compromiso con estos por parte del Ejército, la Iglesia católica y otros organismos morales del país.
En la primera noticia, se detallan tres vías por las cuales los tribunales de justicia podrían canalizar los datos recopilados en materia de derechos humanos. En primer lugar, se designarían ministros en visita en los lugares de los hechos para esclarecer los paraderos de los detenidos desaparecidos. En segundo lugar, en los casos donde no se mencionen lugares concretos, se investigaría por la fecha de detención del individuo y por cuál institución armada fue finalmente asesinado. Y la tercera y última vía canalizaría la información para conducir a los datos que se aporten sobre el lugar donde se encontrarían los restos, o los que sin aportar esa información, indiquen sólo cuándo fueron ejecutadas, dónde y por qué institución fueron ejecutadas. En la segunda noticia se habla sobre la entrega de los datos recopilados en materia de derechos humanos a los tribunales de justicia. En esta, también se señala el importante compromiso de las Fuerzas Armadas e Iglesia al momento de buscar y recopilar información, indicándose que se llegó al tope de sus búsquedas. Finalmente, sectores del Gobierno indican el importante aporte de los informes, señalándose que se está más cerca de la verdad que tiempo atrás. En la tercera noticia, se muestra el formulario que entregó Carabineros a sus funcionarios para recopilar información o datos sobre los eventuales paraderos de detenidos desaparecidos.
