Carta del Gobierno chileno que expone a la Organización de Naciones Unidas (ONU) su visión respecto a la detención de Pinochet en Londres. El documento parte hablando de la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados. También aborda la Universalización de la justicia y la participación de Chile en la negociación del Estatuto de Roma. Se hace referencia a que la intervención de terceros Estados en el orden jurídico de otros Estados no cumple con lo que dictan las cartas de la ONU, donde se indica que no se debería intervenir en la soberanía de los países. La jurisdicción del Estado plantea que Chile tiene todo el derecho, según lo estipulado por la ONU, de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio bajo su jurisdicción penal y que ningún tercero puedo realizar un juicio por estos delitos. Se demuestra con cifras que en Chile no hay denegación de justicia, haciendo mención a los juicios que están en proceso en el país sobre los delitos a los derechos humanos. Se plantea la forma en que Chile logró su transición a la democracia, remarcando que no fue por la vía de la violencia, sino que fue un proceso apegado a la democracia y a los derechos humanos, demostrando su compromiso con el respeto a los derechos humanos, como lo evidencia el informe Retting, considerando un primer paso del país para juzgar los delitos cometidos durante el periodo de dictadura.