Noticia acerca de la disposición de la Alianza por Chile para extender el plazo de recolección de información en la búsqueda de detenidos desaparecidos. En este contexto, la oposición reconoce el tremendo aporte de la Mesa de Diálogo en materia de verdad y justicia. Así, importantes políticos de este sector manifiestan horror al conocer los crímenes cometidos por la dictadura durante los años setenta. Ante esto, dado el eventual futuro penal de algunos participantes, principalmente militares, los dirigentes de la oposición declaran que todo está en manos de la Justicia.
Entrevista a Roberto Garretón, abogado de Derechos Humanos, en esta se da una breve reseña de los cargos que ha tenido a lo largo de su carrera y su experiencia en el tema de derechos humanos. En esta entrevista hace referencia a la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado y a la división existente dentro de la sociedad chilena. Plantea su mirada acerca de la transición y su política de reconciliación, de la detención de Pinochet en Londres y la propuesta de la UDI. En otro apartado de la entrevista se refiere a las remociones ilegales, a la Mesa de Dialogo y al hallazgo de Lonquén. Da su opinión también acerca de cómo se debe llegar a hacer justicia en estos casos, opina de la tortura y de la responsabilidad de los que estuvieron involucrados, de los cómplices civiles que sabían lo que estaba pasando en Chile durante esa época.
Noticia donde se explica el escepticismo hacia los militares y el dolor por la perdida y la desaparición de su padre de la abogada Pamela Pereira. Se entrega una breve reseña del caso de los campesinos de Paine con quienes fue detenido el padre de la abogada. En noticia aparte se muestran cuatro perspectivas respecto a la realización de la Mesa de diálogo por los derechos humanos, a través de las opiniones del arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, los candidatos a la presidencia Ricardo Lagos, Gladys Marín y el Presidente de Renovación Nacional Alberto Cardemil.
Nota de prensa acerca de la postura de distintas personalidades políticas acerca de las declaraciones del cardenal Francisco Javier Errázuriz acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura y la reconciliación del país. Indica que la iglesia no iniciará querellas judiciales por los casos de sacerdotes que fueron torturados y muertos durante la dictadura cívico-militar.
