Noticia que informa que el juez Juan Guzmán procesó a Manuel Contreras y a otros dos altos ex oficiales en retiro por la desaparición de David Silberman Gurovich. Este fallo era esperable ya que el magistrado mantiene su tesis que el secuestro permanente como la desaparición de personas es imprescriptible e inamnistiable. En cuadro aparte se muestran las declaraciones al respecto de este caso de Manuel Contreras. En la parte inferior de la hoja se muestra una nota de prensa acerca de la reactivación de las causas que Manuel Contreras registra pendientes en Chile y en el extranjero, se detallan los casos en los que estaría involucrado.
Nota de opinión referente al aspecto penal y judicial de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura chilena, en particular la figura del secuestro permanente que es la figura legal que permite condenar sin aplicar la Ley de Amnistía. Se hace mención a los casos en que se podría debatir el tema de la apelación a las condenas donde no se aplicó la Amnistía. Lo único que podría salvar de estas condenas a los implicados en estas causas es que aparezcan los cuerpos de lo/as detenido/as desaparecido/as ya que es cuando el delito de secuestro permanente cesa y se podría acreditar la figura de homicidio.
En la noticia principal se habla sobre la decisión de Pinochet, recomendada por su abogado, de no presentarse a los tribunales ni a los exámenes médicos aludiendo a que las medidas dictadas por el juez son arbitrarias y de agravio para el acusado, además, se presentará por parte de la defensa del dictador una queja disciplinaria contra el Juez Juan Guzmán. En cuadro aparte se menciona la citación a declarar para los abogados Pablo Rodríguez y Miguel Alex Schweitzer para saber si tienen información sobre casos de detenidos desaparecidos en Villa Grimaldi y la Operación Colombo. Además se cita al presbítero Hasbún para declarar. En la noticia de pie de página se presenta el informe de Mónica Madariaga, creadora de la Ley de Amnistía, quien indica que el espíritu original de dicha ley siempre fue investigar los casos hasta haber agotado todos los recursos y las líneas investigativas. Se hace mención acerca de la figura del secuestro permanente que no podría ser amnistiado por que el delito de desaparecer personas permanece hasta la actualidad.
Entrevista a monseñor Carlos Camus, quien cuenta que fue mediador entre la FACH (SIFA) y el MIR al comienzo de la persecución de los opositores a la dictadura cívico-militar. En esta mediación se intentaba el diálogo entre ambos grupos para buscar una solución no violenta y que los del MIR salieran al extranjero con una especia de salvoconducto. El obispo comenta la diferencia entre la SIFA y la DINA y de como el general Leigh perjudico este acuerdo. En la noticia también se da cuenta de la figura de Edgard Ceballos Jones quien es responsable de violaciones a los derechos humanos durante su cargo como Jefe Operativo de la SIFA, Servicio de Inteligencia Aérea y como participante en la creación del Comando Conjunto. En cuadro aparte se muestran las consecuencias que tuvo el magistrado Carlos Cerda por someter a proceso a agentes de las Fuerzas Armadas. En otro cuadro se muestra el testimonio de un detenido en la Academia de Guerra Aérea y lo que Ceballos hacía en ese lugar.
Noticia que trata sobre la entrega que realizó el Presidente Ricardo Lagos, referente a los documentos sobre detenidos desaparecidos recopilados por el Ejército y las iglesias, a los jueces de la Corte Suprema. Ante esta entrega, los jueces señalaron que evaluarán los casos que requieran un proceso penal, en el cual se activarán todos los mecanismos judiciales necesarios. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas ante estos informes, dado que esperan un comunicado oficial de la Presidencia. En noticia al pie de página, se cuestiona si la entrega de información es realmente el máximo esfuerzo de la jerarquía militar, lo cual es criticado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esta crítica surge porque el Ejército no entregará información de casos atribuidos a la DINA. En cambio, el gobierno indicó que "Chile tiene más verdad de la que tenía ayer" debido a la entrega de los informes, y al compromiso con estos por parte del Ejército, la Iglesia católica y otros organismos morales del país.
