Articulo de prensa referente a la intención de investigar las exhumaciones ilegales de cuerpos de detenidos desaparecidos efectuadas entre los años 1978 y 1990 ya que se cuenta con piso político para abordar ese tema. En hoja aparte se refiere a la positiva acogida de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por la intención del gobierno de abordar las circunstancias que rodearon las exhumaciones ilegales de ejecutados políticos durante el régimen militar.
La noticia muestra los dichos del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena (FACH), Patricio Ríos, quien pidió "dejar tranquilo" al senador vitalicio, Augusto Pinochet. Indica que debe ser sobreseído del caso Caravana de la Muerte. Además, se muestran las nuevas querellas presentadas por los abogados de derechos humanos en contra del ex dictador, acusándolo de asociación ilícita, genocidio, secuestro, tortura y homicidio calificado.
Nota de prensa que informa de los contactos realizados por el gobierno para evaluar el apoyo que tendría su propuesta sobre derechos humanos. Se destaca la entrega de los documentos de la Comisión Rettig entregados por Patricio Aylwin para establecer una verdad judicial y se describen algunos puntos de la propuesta.
Nota de opinión que habla de tres olas o tres momentos donde la sociedad chilena ajusta las cuentas con el pasado en materia de derechos humanos. La primera de estas fue el Informe Rettig, la segunda le Mesa de Dialogo y la tercera la que sucede en la actualidad (fecha de la noticia) con la propuesta de la UDI y del gobierno de Ricardo Lagos.
Noticia donde se informa que Augusto Pinochet respondió el exhorto enviado por el juez Juan Guzmán y que fue enviado desde Londres hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile y que fue entregada al juez Guzmán. En cuadro aparte se destacan las declaraciones de Viviana Diaz (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD) donde indica que la Mesa de dialogo no ha avanzado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Nota de prensa que informa de 100 nuevas querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por lo que se tomarán medidas para hacer más eficaz la tramitación de las causas por violaciones de los derechos humanos.
Carta enviada al periódico La Nación por Jacques Chonchol, Mónica Echeverría y otros donde indican que están preocupados por el comportamiento del Consejo de Defensa del Estado sobre los juicios por indemnizaciones entablados por las victimas de violaciones de derechos humanos. Se plantea el tema de la Ley de Aministía por las declaraciones de Clara Szczaranski.
La noticia consta de una entrevista realizada al Ministro de Justicia de Sudáfrica, Penuel Maduna, en el marco de un seminario organizado por la Corporación de Justicia y Desarrollo, en el contexto de los diez años del Informe Rettig. Maduna explica la situación con el "apartheid" vivida en el país, las violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad política, la democratización, los retos que han enfrentado como gobierno y los paralelismos que se pueden establecer con Chile y la dictadura.
Noticia que trata sobre la entrega que realizó el Presidente Ricardo Lagos, referente a los documentos sobre detenidos desaparecidos recopilados por el Ejército y las iglesias, a los jueces de la Corte Suprema. Ante esta entrega, los jueces señalaron que evaluarán los casos que requieran un proceso penal, en el cual se activarán todos los mecanismos judiciales necesarios. Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos se muestran escépticas ante estos informes, dado que esperan un comunicado oficial de la Presidencia. En noticia al pie de página, se cuestiona si la entrega de información es realmente el máximo esfuerzo de la jerarquía militar, lo cual es criticado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esta crítica surge porque el Ejército no entregará información de casos atribuidos a la DINA. En cambio, el gobierno indicó que "Chile tiene más verdad de la que tenía ayer" debido a la entrega de los informes, y al compromiso con estos por parte del Ejército, la Iglesia católica y otros organismos morales del país.
En la primera noticia, se detallan tres vías por las cuales los tribunales de justicia podrían canalizar los datos recopilados en materia de derechos humanos. En primer lugar, se designarían ministros en visita en los lugares de los hechos para esclarecer los paraderos de los detenidos desaparecidos. En segundo lugar, en los casos donde no se mencionen lugares concretos, se investigaría por la fecha de detención del individuo y por cuál institución armada fue finalmente asesinado. Y la tercera y última vía canalizaría la información para conducir a los datos que se aporten sobre el lugar donde se encontrarían los restos, o los que sin aportar esa información, indiquen sólo cuándo fueron ejecutadas, dónde y por qué institución fueron ejecutadas. En la segunda noticia se habla sobre la entrega de los datos recopilados en materia de derechos humanos a los tribunales de justicia. En esta, también se señala el importante compromiso de las Fuerzas Armadas e Iglesia al momento de buscar y recopilar información, indicándose que se llegó al tope de sus búsquedas. Finalmente, sectores del Gobierno indican el importante aporte de los informes, señalándose que se está más cerca de la verdad que tiempo atrás. En la tercera noticia, se muestra el formulario que entregó Carabineros a sus funcionarios para recopilar información o datos sobre los eventuales paraderos de detenidos desaparecidos.
