Reportaje donde se muestra cómo se realizaron informes acerca de la vida privada y profesional de los integrantes del Poder Judicial por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Este espionaje fue ordenado por el dictador Augusto Pinochet y por Manuel Contreras para conocer la vida de más de cien funcionarios judiciales de todo el país. De estos los que eran considerados como "enemigos del régimen" fueron removidos como funcionarios de la justicia. Se dan ejemplos de cómo era la forma de referirse a los jueces en estos informes, en donde primaban los comentarios ideologizados y peyorativos para referirse a los funcionarios. A continuación sigue un artículo referente a lo que algunos de los jueces presenciaron en los campos de prisioneros, como Tres y Cuatro Álamos, y que nunca informaron convirtiéndose en cómplices de estos actos. El artículo se refiere a lo que realizó José María Eyzaguirre presidente de la Corte Suprema hasta 1978 quien visitó distintos campos de detención y se entrevistó con diversos prisioneros sin llevar a cabo ninguna diligencia para evitar estos actos represivos. También se hace referencia al ministro de justicia de Pinochet, Miguel Schweitzer Speisky quien también estaba al tanto de estas prácticas. Se muestran declaraciones de detenidos acerca del funcionamiento de Villa Grimaldi.
Entrevista al Presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, quien se refiere acerca de los antecedentes que le fueron entregados por el gobierno y recopilados por la Mesa de diálogo en materia de detenidos desaparecidos y Derechos Humanos. Álvarez expresa el total compromiso de la justicia para procesar los antecedentes y designar a quienes corresponderá investigar los datos entregados. Se refiere a la importancia de que la opinión pública conozca la información obtenida. Además, indica que la Mesa de Diálogo fue una excelente respuesta para lograr armonizar opiniones diversas. Además, expresa su total colaboración con los familiares de los detenidos desaparecidos, al afirmar que compartirá toda la información que posee con ellos.
Noticia que reflexiona acerca de la detención de Augusto Pinochet en Londres y el efecto positivo que ha tenido según Human Rights Watch en la transición chilena ya que ha permitido analizar mas abiertamente la dictadura militar, también ha estimulado la acción de la justicia y ha hecho que Chile tome mayor conciencia de las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos. En cuadro aparte se muestra el efecto jurídico que esta detención tuvo en nuestro país.
Noticia que destaca las declaraciones realizadas por el arzobispo Francisco Javier Errázuriz, quien cree que quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet primero, deben arrepentirse ante Dios y luego expresarlo a las víctimas y a sus familiares. En cuadro aparte, se informa que el gobierno reconoce el error de no haber recibido a familiares de desaparecidos, lo que produjo que hoy exista desconfianza entre la Agrupación y el gobierno Se intenta solucionar eso invitándolos a participar en las instancias actuales. En otro cuadro se informa que se interrogan a parientes de las víctimas del caso Caravana de la muerte en el marco de su investigación. En otra noticia se destaca la disposición que los abogados de Derechos Humanos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas tienen con respecto a su participación en esta nueva instancia de dialogo.
Noticia que presenta las diligencias realizadas por la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, para conocer la información recabada por el gobierno acerca del paradero de los detenidos desaparecidos. Viviana Diaz plantea que estos datos deben ser divulgados a la población, para que se conozcan los casos, pero que no hay claridad en la forma que los antecedentes serán entregados a la Agrupación y a la opinión pública. Por otro lado, señala que la información no ha sido contrastada con otras fuentes para determinar cada uno de los casos de detenidos desaparecidos.
Nota de opinión de la abogada Pamela Pereira quien se refiere al juez Carlos Cerda y a su forma de interpretar y aplicar la justicia. Según la abogada, hay tres verdades que el juez indica, una de estas es reconocer la supremacía de la Constitución al momento de interpretar la norma jurídica al caso concreto. Es fundamental, según la abogada, que la interpretación de las leyes se haga respetando los derechos de las personas garantizados por la Constitución y también por los tratados internacionales ratificados por Chile.
Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.
Nota de opinión de Francisco Balart, doctor en derecho, donde critica al juez Carlos Cerda por su interpretación del derecho internacional. El indica que este juez le da una libre interpretación que afecta su forma de impartir justicia.
Nota de opinión referente a la entrega de la propuesta sobre derechos humanos del gobierno de Ricardo Lagos. Se hace una reflexión al respecto de las expectativas cumplidas y al ambiente que se dio en la sociedad chilena. Se hace un breve análisis de las reparaciones, pensiones y beneficios para los familiares de detenidos desaparecidos. Resalta el texto, además, la rebaja de penas y la inmunidad para las Fuerzas Armadas a quienes entreguen información y no hallan organizado o ejecutado violaciones a los derechos humanos.
