La noticia trata sobre el despido de la antropóloga Isabel Reveco del Instituto Médico Legal, en el contexto de diversas problemáticas e irregularidades en la investigación de restos encontrados en fosas comunes de Pisagua. La nota se acompaña de una entrevista a Isabel Reveco respecto al caso. En la segunda página, se informa que la tanatóloga Patricia Hernández dejó de ser la jefa del departamento y asumió el cargo de Coordinadora de Sección. La nota incluye una entrevista con el director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez.
Noticia que habla acerca de los datos reunidos por las Fuerzas Armadas para la búsqueda de detenidos desaparecidos que serán entregados al presidente Ricardo Lagos. Sin embargo, esta entrega de información se ve eclipsada por el caso Pinochet, el cual genera malestar en las filas del Ejército. Además, se informa desde La Moneda que no se realizará una ceremonia para recibir los antecedentes de las distintas instituciones. En cuadro aparte, se señalan los últimos preparativos de los oficiales encargados de redactar el informe sobre el paradero de detenidos desaparecidos que serán entregados al gobierno.
La noticia trata sobre la respuesta del director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez, frente a las irregularidades en el servicio, sumado a las razones del despido de la antropóloga Isabel Reveco Bastías y el cambio de puesto de trabajo de Patricia Hernández. Todo esto en el contexto de la investigación e identificación de osamentas de detenidos desaparecidos durante la dictadura. En un cuadro aparte, se muestra la opinión del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, referente al caso del SML.
La noticia principal hace referencia a la entrega de información de los principales encargados de la recopilación de información (Iglesia católica, Evangélica, Judía, Masonería y Fuerzas Armadas) para conocer el paradero de detenidos desaparecidos a la Moneda, con el fin de entregar dichos documentos a la Mesa de Diálogo. Se señala la cantidad de casos que informaron las instituciones armadas, las cuales se compararán con los nuevos datos entregados por las Iglesias. En la noticia del pie de la página, se muestra la indignación de Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien señala que estos informes son solo "medidas parche", ya que no se informa sobre la totalidad de los detenidos desaparecidos. También señala el encubrimiento de los militares para ocultar información con el fin de evitar ser procesados.
Noticia que analiza la evaluación de los datos entregados a las autoridades por las iglesias y las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. Se muestra la cantidad de datos entregados, que fueron más bien escasos, pero se valora, desde las agrupaciones de familiares de víctimas, como un acercamiento a la verdad. Se plantea la posibilidad de que se abrirán nuevos procesos penales a individuos que todavía ejercen su puesto en las instituciones armadas. Ante la investigación de estos casos por parte de la Justicia, la presión en las Fuerzas Armadas podría aumentar. Sin embargo, no podrían aferrarse a ninguna amnistía, ya que si el cuerpo de la víctima no aparece, se da la figura del secuestro permanente, lo que lo convierte en un delito imprescriptible. En la noticia al final de la página, se muestran las eventuales luchas entre querellantes y culpables sobre violación a los derechos humanos. Ya sea por el amparo que otorgan organizaciones internacionales, o por tratados internacionales de los cuales Chile es activo participante, lo que haría imposible aplicar la amnistía.
Noticia donde el Ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, defiende la Mesa de Diálogo y manifiesta que esta instancia logró entregar a los familiares de detenidos desaparecidos un soporte para seguir en la búsqueda de los restos de sus seres queridos y dejar establecido el reconocimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura militar. Además. se refiere a la veracidad de la información recibida, los recursos del Poder judicial y sobre el proyecto de ley que sancione a quienes entreguen información falsa.
