Noticia que indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha emitido una recomendación a 36 chilenos, en su mayoría exministros de la dictadura o miembros del activos o retirados del Ejercito vinculados con la DINA, sugiriéndoles que no salgan del país. Esta medida se debe a la posibilidad de que puedan ser detenidos por las causas abiertas de españoles desaparecidos durante la dictadura militar chilena, similar a lo que le sucedió a Pinochet .Los cargos que se les imputan incluyen genocidio y torturas.
En la parte superior de la noticia se habla sobre la decisión del ministro Jorge Rodríguez quien, por segunda vez, no dará curso a la extradición de Augusto Pinochet y otros seis imputados por el homicidio al ex Comandante en Jefe Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthber. En la nota se pueden ver las razones e implicancias de dicha decisión. Por otra parte, en la parte inferior de la página, se informa del intento de la defensa de detener la filiación del dictador Augusto Pinochet.
Entrevista a Enrique Arancibia Clavel, detenido desde hace tres años sin sentencia en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats. Se entrega una breve reseña de la vida de Arancibia, poniendo énfasis en como comenzó a involucrarse en grupos de extrema derecha donde participó en diversos delitos y crímenes. Se detalla cómo es su vida en la cárcel en la que se encuentra en Argentina en espera de condena. En la entrevista Arancibia insiste en que su detención se ha alargado y le pide ayuda al gobierno chileno para su excarcelación. Habla también, de cómo fue su colaboración con la DINA y de su inocencia en el crimen del general Carlos Prats y de su esposa sucedido en argentina. En última hoja se muestra como está en la actualidad la investigación por el Caso Prats y las acusaciones que pesan sobre Arancibia Clavel. En cuadro aparte se muestran las declaraciones de Angélica Prats, hija de Carlos Prats y Sofia Cuthbert, con respecto a la solicitud de Arancibia al gobierno chileno.
La noticia principal se refiere a la negativa del magistrado Juan Guzmán de sobreseer temporalmente a Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte. Este sobreseimiento fue recomendada por el fiscal Raúl Rocha, argumentando que el ex general no se encuentra en condiciones de volver a ser interrogado debido a su salud mental, lo que se sustenta en diferentes artículos de la Constitución y del Código de Procedimiento Penal. En un recuadro en la parte derecha de la página se menciona la petición de arresto preventivo a Pinochet y otros ex generales y civiles implicados en el caso Prats en Buenos Aires. Finalmente, en un cuadro inferior, se informa sobre los vínculos del fiscal Raúl Rocha con el equipo jurídico de Pinochet, lo que podría significar que se esta dando un trafico de influencias vinculado a la reciente recomendación de sobreseimiento de Pinochet por razones de su salud mental.
La noticia hace referencia a la decisión del ministro de la Corte Suprema, Jorge Rodríguez Ariztía, quien deberá acoger o no la solicitud de extradición solicitada por argentina en contra de Augusto Pinochet y a otros seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
La noticia aborda la querella presentada por seis altos mandos del ejercito contra Augusto Pinochet, Manuel Contreras, Eduardo Iturriaga, Pedro Espinoza y José Zara. Junto a ellos, los civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga también son acusados de participar en el atentado al general Carlos Prats y a su esposa Sofia Cuthbert. Esta querella es la primera presentada por este caso en Chile, dado que la investigación se está llevando a cabo en Argentina.
La noticia principal aborda la solicitud de extradición de Augusto Pinochet a Argentina por el caso Prats y se hace referencia a la posibilidad de que Pinochet sea sobreseído por condiciones de salud. En la esquina inferior izquierda del documento, se muestra una breve nota sobre la cita privada llevada a cabo entre el presidente Ricardo Lagos y el Comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, la cual se da bajo el contexto de la información entregada por el Ejército respecto al paradero de los detenidos desaparecidos en dictadura y los errores que estos contienen. Producto de esta reunión, se acordó formar un organismo para cotejar los datos entregados a la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas y la designación de jueces especiales para la investigación y agilización de dichos casos.
