Documento que consta de cuatro notas breves referentes a la ubicación de los cuerpos de Detenidos Desaparecidos. El primer cuadro informa que Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia del régimen militar, tenía conocimiento del lanzamiento de cuerpos al mar en el año 85. En otro cuadro, se menciona que Carabineros está realizando esfuerzos adicionales para complementar la información entregada acerca del paraderos de los detenidos desaparecidos, después de que la abogada de derechos humanos Pamela Pereira acusara a la institución de ocultar información vital para su búsqueda. En un cuadro en el centro de la página, se informa que el ministro Héctor Carreño visitó la Cuesta Barriga junto a peritos del Servicio Médico Legal para supervisar las primeras excavaciones realizadas en busca de los restos de dirigentes del Partido Comunista, quienes, según informes de las Fuerzas Armadas, se encuentran enterrados en ese sector. Finalmente, se informa que la Iglesia Católica, mediante el Comité Permanente del Episcopado, emitió una declaración publica en la que se insta a entregar información sobre los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos, esto a raíz de darse a conocer el contenido del informe publicado sobre dicho tema.
Tres hojas de un reportaje incompleto que se refiere a las remociones ilegales ocurridas durante la dictadura cívico-militar que formaron parte de las prácticas para encubrir sus crímenes. Se da cuenta en la nota de la condena a cinco ex militares por estas causas, lo que preocupa al Ejército porque desde la institución se esperaba que se acelerarán los procesos y se terminara con la figura del secuestro permanente para poder superar estos temas. Se destaca la preocupación de los militares de que proliferen estas causas y se sume, además, el delito de asociación ilícita, que fue el tema que le plantearon a la ministra de defensa Michelle Bachelet. El articulo entrega una reseña de los hallazgos de osamentas en sitios como Lonquén o el Patio 29, lo que promovió la búsqueda en otros lugares, en la mayoría de los sitios donde se realizó una búsqueda constataron que los cuerpos ya no estaban, habían sido removidos. Se habla de los datos entregados a la Mesa de Dialogo por parte de las Fuerzas Armadas al respecto de las remociones, lo que, según el artículo, no fue la información que ellos realmente poseían, ya que desde el descubrimiento en Lonquén se realizaron catastros de los lugares donde existían entierros ilegales. En cuadro aparate se muestra la respuesta del general en retiro Hernán Núñez a Maximiano Errázuriz diputado RN que solicito una comisión investigadora por las exhumaciones.
