Reportaje donde se muestra cómo se realizaron informes acerca de la vida privada y profesional de los integrantes del Poder Judicial por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Este espionaje fue ordenado por el dictador Augusto Pinochet y por Manuel Contreras para conocer la vida de más de cien funcionarios judiciales de todo el país. De estos los que eran considerados como "enemigos del régimen" fueron removidos como funcionarios de la justicia. Se dan ejemplos de cómo era la forma de referirse a los jueces en estos informes, en donde primaban los comentarios ideologizados y peyorativos para referirse a los funcionarios. A continuación sigue un artículo referente a lo que algunos de los jueces presenciaron en los campos de prisioneros, como Tres y Cuatro Álamos, y que nunca informaron convirtiéndose en cómplices de estos actos. El artículo se refiere a lo que realizó José María Eyzaguirre presidente de la Corte Suprema hasta 1978 quien visitó distintos campos de detención y se entrevistó con diversos prisioneros sin llevar a cabo ninguna diligencia para evitar estos actos represivos. También se hace referencia al ministro de justicia de Pinochet, Miguel Schweitzer Speisky quien también estaba al tanto de estas prácticas. Se muestran declaraciones de detenidos acerca del funcionamiento de Villa Grimaldi.
Nota de opinión de la abogada Pamela Pereira quien se refiere al juez Carlos Cerda y a su forma de interpretar y aplicar la justicia. Según la abogada, hay tres verdades que el juez indica, una de estas es reconocer la supremacía de la Constitución al momento de interpretar la norma jurídica al caso concreto. Es fundamental, según la abogada, que la interpretación de las leyes se haga respetando los derechos de las personas garantizados por la Constitución y también por los tratados internacionales ratificados por Chile.
Entrevista al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva quien se refiere a las declaraciones de los ex tenientes que, según él, no hicieron un "mea culpa" sino que hablaron acerca de las exhumaciones, que no es el proceder de los militares, por lo que es más bien una declaración de principios. También se pronuncia al respecto de la responsabilidad de Pinochet y las de los vicecomandantes, a la aplicación de la Ley de Amnistía, la preocupación del Ejército ante los procesos que se están llevando a cabo para hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Indica, además, que nunca tuvo conocimiento de detenidos desaparecidos ni de exhumaciones de restos y que la justicia militar es competente para conocer e investigar esos delitos por lo que discrepa con el juez Carlos Cerda quien indico que los tribunales militares no tienen ni la ética ni la moral para hacerse cargo de esos procesos. En última hoja habla de su experiencia con monseñor Sergio Valech.
Nota de opinión de Francisco Balart, doctor en derecho, donde critica al juez Carlos Cerda por su interpretación del derecho internacional. El indica que este juez le da una libre interpretación que afecta su forma de impartir justicia.
